El
abogado español Enrique Santiago tiene mucha razón al afirmar que
la exclusión de los presidentes de la república de la Jurisdicción
Especial para la Paz es perniciosa y antidemocrática, sobretodo
porque tienen mucho que aclararle al país, por ejemplo: Juan Manuel
Santos se indignó con los llamados “falsos positivos” y se
empeñó en erradicar ese crimen de lesa humanidad, pero, nos debe
aclarar quien lo ordenó o indujo y quienes desde arriba
implementaron esa política; otras cosas debe explicar como la muerte
de Alfonso Cano enfermo e inerme en lo que pareció ser un crimen de
guerra. Andrés Pastrana y Alvaro Uribe deben responder ¿por qué en
sus gobiernos se generaron la gran mayoría de las víctimas del
conflicto? y la relación de esos crímenes con el Plan Colombia. Si
se niegan a comparecer ante este tribunal, que ya fue reconocido como
válido por la CPI, les recuerdo la condena al General Videla en
Argentina, ya no puede existir punto final a violaciones sistemáticas
del DIH y de los DDHH y ningún Jefe de Estado puede disfrutar de la
impunidad de los “vencedores”.
El
beneficio de cosa juzgada y el aporte a la Justicia, a la verdad, a
la reparación y a la no repetición serían valiosísimos para la
paz de Colombia porque el buen ejemplo, y mucho mas desde los máximos
niveles del Estado, cunde. Los altos militares y los señores de la
Guerra que financiaron y dirigieron los crímenes contra las víctimas
se motivarían para adherirse a la paz, a la oportunidad para pedir y
obtener perdón, y contribuir significativamente a la dignificación
tanto de las víctimas como de los combatientes que degeneraron para
que cometieran materialmente los crímenes.
Los
narcotraficantes, las bandas con políticos corruptos y las empresas
ilegales de vigilancia y minería también son partes del conflicto
porque la principal razón de su delincuencia fue la inexistencia de
un Estado que les brindara oportunidades o que les impidiera crear
esos emporios empresariales al margen de la ley, porque ese Estado
estaba infiltrado por esos delincuentes, no hacía presencia en gran
parte del territorio nacional y las autoridades sustitutas lo
permitieron y les cobraron impuestos, por eso deben tener la
oportunidad de acogerse a la JEP y de modificar y legalizar sus
actividades.
Después
de iniciado el Frente Nacional resultante del plebiscito de 1957 vino
a Colombia el economista Lauchen Currie quien diagnostico que para
poder modernizar la producción agropecuaria era necesario convertir
a los Campesinos en jornaleros, como los cosecheros de la revolución
verde y el café. ¡Se atrevió a recomendar el etnocidio de la
cultura madre de la humanidad! Dicho y hecho, los gobiernos
decidieron atacar militarmente a los Campesinos que se resistieron
por lo que algunos crearon las guerrillas y otros prefirieron ir a
hacer fundos en las selvas, como siglos atrás los indígenas
rebeldes y los negros cimarrones. Carlos Lleras Restrepo no aceptó
ese criminal dictamen, inicio la reforma agraria pero sus sucesores,
empezando por Misael Pastrana, la volvieron inoperante, revivieron la
aparcería y las autodefensas terratenientes precursoras del
para-militarismo.
La
cultura campesina ha demostrado en todo el mundo que puede ser tan
productiva o mas que las grandes explotaciones mecanizadas en cuanto
a cantidad producida por hectárea; potenciada con la agroecología,
las asociaciones de productores y las pequeñas máquinas especiales,
las familias pueden lograr una vida digna y sin pobreza, con equidad
de género y el desarrollo pleno de la niñez y la adolescencia. Una
sana competencia entre los 2 modelos: el campesino y el empresarial,
es lo mas conveniente, eso sí, recuperando y respetando el
equilibrio ambiental para hacerlo sostenible.
Presidente
Santos, Usted tiene una gran oportunidad de comprobar su compromiso
con las víctimas, con la verdad y con la Justicia, aceptando
acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, dando ejemplo a los
expresidentes y a los demás actores determinantes del conflicto
interno.