Se basa en 2 documentos, uno
coordinado por María Mercedes Maldonado llamado “COLOMBIA HUMANA: POLÍTICA
RURAL Y AGRARIA” y otro sintetizado por Hernán Pardo Silva llamado: “Plan
progresista para la reforma rural integral”.
El primer objetivo del plan progresista para la reforma
rural integral (RRI) es lograr la paz real. Solo será posible derrotando en las
urnas el continuismo que defiende privilegios abusivos de las oligarquías
tradicionales, de las mafias de terratenientes, narcotraficantes y mineros
ilegales, y de los carteles de corrupción. Aunque la insurgencia espera que,
con la decadencia de las potencias occidentales que frustraron la tomar del
poder a finales del siglo 20 más los canales de interlocución iniciados con las
FFAA, se posibilite una insurrección revolucionaria.
Las 2
propuestas coinciden en el diagnóstico de la situación rural actual pero,
mientras la primera se enfoca en dar continuidad a los acuerdos Gobierno-Farc,
que parece no se cumplirán, enfatizando la búsqueda de justicia social en el
campo y de equipararla con la satisfacción de derechos urbana, la segunda
define la anomalía rural principal en la existencia de una ganadería extensiva
que usa muy mal el 80% del suelo productivo, 40 millones de hectáreas para
sostener 25 millones de reses, con grave deterioro por compactación y erosión y
fuerte contaminación de los suelos, del aire y de las aguas. Es de lejos el
principal problema ambiental del país, el segundo es la contaminación y degradación
de los suelos ocasionada por la minería ilegal. Un gobierno progresista debe
declarar la ganadería extensiva ilegal y forzar que se transforme, el plan
prevé hacerlo en 20 años. Se lograría liberar el 90% de esas tierras para hacer
la reforma rural integral. Empezar por las tierras más próximas a los centros
urbanos y con los campesinos sin tierra y los trabajadores rurales más alejados
que sobreviven allende la frontera agrícola en actividades agrícolas de
sostenimiento, narco cultivo o minería ilegal. La mayoría de los potreros están
siendo ocupadas en forma ilegítima ya sea por invasión de baldíos o por despojo
a los campesinos o grupos étnicos. Si están legalizados en su mayoría tributan
un impuesto predial mínimo, que podría ser la base para la expropiación parcial
pagando en bonos. Los actuales poseedores podrían conservar la parte necesaria
para los ganados y la que puedan tecnificar a corto plazo.
Los planes territoriales para la RRI deben ser consensuados
con los potenciales beneficiarios, pero, ejecutados verticalmente, como una
gran empresa, porque estos no tienen el conocimiento, las maquinarias, el
dinero ni los mercados para poder aumentar la producción en forma
acelerada. Se requería que la
“inteligencia agropecuaria nacional” pase de recomendar, asesorar y absolver
consultas, a dirigir, capacitar, invertir, estudiar mercados y conseguir socios
estratégicos. Pero necesitan ayuda de colegas extranjeros.
Empezar ubicando los mercados: países, ciudades, gobiernos,
grandes industrias alimenticias. Las potencias occidentales están en proceso de
decrecimiento de sus burbujas de desarrollo hegemónico, los países satélites ya
no quieren serlo más, son mercados saturados decreciendo. Pero están surgiendo
otras potencias que cuentan con mercados de gran crecimiento, nuevas clases
medias con capacidad de darse gusto. Tienen tecnología igual o mejor y gran poder
financiero, tienden a desarrollar nuevas relaciones internacionales mas
estables y duraderas. China lidera esas nuevas potencias con sus propuestas de
coexistencia pacífica basada en el comercio justo, su gran capacidad de
financiación, su alta tecnología y sus estrategias de destino común de la
humanidad, la franja y la ruta, etc. Los gobiernos corruptos de Colombia han
desperdiciado estas oportunidades. Por ejemplo, China aporto el 90% del estudio
detallado que construyó el plan maestro del río Magdalena, pero en más de una
década no se avanzó sino en la navegabilidad del bajo Magdalena, empantanada
por el caso Navelena. Santos no pudo o no quiso concretar la propuesta china de
convertir a Coveñas en una gran ciudad industrial a mitad de camino entre China
y los mercados de EEUU y Europa con la construcción de un tren de 220 km hasta
el Pacífico y un puerto. Hasta ahora nuestros gobiernos nacionales obedecen a
intereses de los oligopolios locales y de trasnacionales, sacrificando el bien
común.
El plan progresista de reforma rural integral propone una
revolución que aumente en 20 años 10 veces la producción agropecuaria con base
en los 36 millones de hectáreas que se recuperarían al poner fin a la ganadería
extensiva, más los 7 millones usados hoy en agricultura. Hay que reforestar
millones de hectáreas para reparar las cuencas y garantizar riego permanente general.
Los campesinos e indígenas están dispuestos a iniciar trabajando y estudiando, actuando
como mano de obra no calificada para la construcción de nuevas aldeas
campesinas, la infraestructura agropecuaria y de las industrias complementarias.
En unos años ya serían técnicos laborales o profesionales y podrían recibir los
títulos de sus viviendas y sus fincas en plena producción, superado el punto de
equilibrio y estabilizados lo mercados. Las familias campesinas las obtendrían
con subsidios y créditos blandos.
La RRI
deberá ser ejecutada por una empresa nacional que se especialice en desarrollar
proyectos productivos agropecuarios a gran escala, creando millones de unidades
de producción familiar campesina y coordinándolas. Empresa conformada por
expertos profesionales y científicos nacionales y de los países que van a
comprar, financiar y ayudar a tecnificar nuestra producción.
No estamos proponiendo escoger entre los 2 modelos, al contrario,
se deben sumar con los mínimos ajustes necesarios. La reforma rural integral
debe ser revolucionaria o no triunfará.
Anexos: