El Congreso de Tierras, territorios y soberanías reunido en Cali del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2011 acordó los siguientes mandatos que analizaré mas adelante: “
Consolidar la unidad del movimiento y las organizaciones populares para cuidar a la Madre Tierra, defender los territorios y consolidar la soberanía popular. El espíritu unitario y fraternal que nos ha acompañado en este Congreso, tendrá que converger en un gran Movimiento Social y Popular por la Tierra, el Territorio y la Soberanía. Un primer paso es la conformación de un espacio de coordinación de los procesos que nos sumamos a estos mandatos.
El segundo mandato general es cuidar la Madre Tierra y reconocerle sus derechos. Quien no cuida la Madre Tierra no la merece. Y no la merecen los que destruyen las fuentes de agua para explotar oro o petróleo. Este Congreso ha mandatado prohibir la gran minería y la explotación petrolera desaforada. En consecuencia, ha declarado no grata e ilegal la presencia en nuestros territorios de la Anglo Gold Ashanti, la BHP Billiton, Xtrata, Pacific Rubiales, Cosigo Resources, Smurfitt Kappa, Cemex, Medoro Resources, Grey Star (hoy Eco Oro Minerals Corp) y Unión Fenosa, por su participación directa en agresiones a las comunidades y territorios, y su atentado sistemático a la soberanía nacional. Les notificamos que acudiendo al derecho ancestral de indígenas y afrodescendientes, a los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra, al derecho a la vida y paz, y a las normas constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos, realizaremos las acciones que correspondan para impedir su presencia, para que salgan del país y sean sancionados.
El tercer mandato es realizar –como organizaciones sociales populares— todas las acciones políticas civiles para construir un camino hacia la solución política del conflicto armado. La guerra en nuestros territorios altera profundamente la armonía de las comunidades y de la naturaleza, y no es posible esperar mejoras en los derechos humanos si el conflicto continúa. El derecho a la paz solo se cumplirá si la realizamos nosotros y nosotras mismas con la resistencia a la guerra, la exigencia a los actores armados para que respeten el derecho humanitario —en especial la oposición a que el cuerpo de las mujeres sea utilizado como botín de guerra—, y las acciones directas de desmilitarización de nuestros territorios. El pueblo colombiano y todas sus expresiones sociales adoptaremos una agenda de diálogos nacional y regionales en el Congreso Nacional de Paz que tendrá lugar el próximo año, al cual nos convocamos.
El cuarto mandato general es profundizar la liberación de la Madre Tierra y la realización participativa de la reforma agraria. No permitiremos que en el lugar de los grandes latifundios del narcotráfico y el paramilitarismo, que deben ser desmantelados, se instale el gran latifundio de los conglomerados agroindustriales. Por el contrario, esas tierras –robadas en cientos de años a indígenas, campesinos y afrodescendientes— deben restituirse a nuestras comunidades. Ocuparemos pacíficamente lo que por historia y por derecho nos pertenece; y allí donde se puedan presentar diferencias sobre los derechos territoriales de cada pueblo o sector, acudiremos a los principios de la unidad y el respeto interétnico para resolverlas.
El quinto mandato general es constituir a las organizaciones sociales y comunidades como protectoras del agua. Desde el ejercicio del gobierno propio y autoridad, abordaremos el manejo, gestión y protección de las fuentes de agua, confrontando su privatización y degradación producto de la expansión de la frontera agropecuaria y minero-energética y el desarrollo de megaproyectos que amenazan su disponibilidad.
El sexto mandato general es construir una economía propia y articulada de los pueblos, no supeditada al mercado global, que garantice la soberanía y autonomía alimentarias y los saberes asociados a las semillas, las plantas y los alimentos. Vamos a fortalecer las prácticas de producción, transformación, intercambio y consumo culturalmente apropiadas, socialmente justas y en armonía con la vida; no utilizaremos ni permitiremos agrotóxicos y transgénicos; impediremos la presencia de los agrocombustibles, plantaciones forestales y otros monocultivos que amenazan nuestra soberanía territorial y alimentaria.
El séptimo mandato es realizar una reforma de territorial del país que contenga un ordenamiento territorial urbano popular democrático de las regiones reconociendo la diversidad y las diferencias tanto de pueblos que habitan al interior de los territorios urbanos, como entre las ciudades de Colombia.
El octavo mandato general es emprender todas las acciones necesarias hasta que los responsables intelectuales y materiales del exterminio contra nuestros pueblos sean juzgados. Recogemos las semillas de vida, memoria, verdad, justicia y reparación, sembradas por las luchadoras y luchadores populares en la defensa de la vida y de la Madre Tierra, y víctimas de este conflicto.
Los niños y niñas presentes en Congreso han aprobado un mandato adicional: debemos consolidar espacios para que deliberen y sus aportes sean tenidos en cuenta. El futuro del territorio está en peligro si no despertamos sus corazones y sus conciencias para que lo defiendan. Obedeciendo su palabra mayor, generaremos siempre los espacios donde los niños y niñas de nuestros pueblos puedan pensar y construir el país de sus sueños.”
Se reunieron 11.500 personas pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes, otros campesinos y algunos pobladores urbanos incluidos desplazados forzados y otras Víctimas del conflicto interno. Estas personas asumieron la vocería de sus comunidades y en general del pueblo colombiano de origen rural resumiendo en sus mandatos propuestas de solución a la crisis general que vive nuestro País por estar sometido al dominio de unas minorías nacionales aliadas del imperialismo que utilizan la fuerza militar del estado a sus fines además de fuerzas paramilitares y mercenarios mal llamados “contratistas civiles” enviados por el imperio bajo el mando directo del comando sur del ejército de EUA quienes ejercen capacitación y coordinación de la guerra contra-insurgente, la cual incluye el etnocidio de las comunidades rurales tradicionales para convertirlas en obreros no calificados en la ciudad, en las plantaciones industrializadas y las grandes explotaciones minero-energéticas que sueñan poseer.
Se trata de una lucha por la subsistencia que implica neutralizar a los enemigos que amenazan sus etnias y modos de producción en una confrontación mayoritariamente civil complementada, en contra de la voluntad de muchos, por una Insurgencia que agrupa a minorías rurales disciplinadas, potenciadas por avezados intelectuales marxistas, que decidieron luchar con todas las armas posibles; si bien no han logrado aproximarse a la toma del poder nacional, ejercen poder local casi permanente en vastos territorios y han impedido a los usurpadores explotar lo apropiado, por los desmedidos costos de seguridad que implicaría y lo incierto de que tal inversión lograría sus propósitos, aunque no han dejado de intentarlo.
O sea que todos estamos perdiendo porque los pobladores urbanos desprendidos de sus raíces rurales no logran crear suficientes empresas industriales y de servicios, ante la semi-parálisis de la producción primaria, abocando a las grandes mayorías en las ciudades a la informalidad de la distribución ineficiente o a la producción de mínima escala, de tal manera que se va generando indigencia y delincuencia, resultando una pésima calidad de vida para la mayoría de la población.
Para que estos mandatos se pudieran cumplir a cabalidad sería necesario que en Colombia solo habitarán los alrededor de 15 millones de personas, a quienes les gustaría hoy hacer una vida tradicional en el campo, por que los otros 30 millones no tendrían las materias primas que se requieren para trabajar transformándolas, creando los servicios requeridos para poder financiar la producción, asegurarla, venderla en los mercados nacional e internacional, etc., ni podrían importar los productos y tecnologías para construir una economía mas prospera. Y no es que los demás no pudieran hacer vida rural tradicional, porque espacio habría de sobra sin necesidad de tumbar un árbol mas, pero es que simplemente no lo quieren hacer porque han aprendido otras formas de vida a las que están acostumbrados o luchan por construir.
Es necesario que cada grupo humano pueda realizar sus anhelos de forma sostenible, que asegure un buen futuro para la Madre Tierra y para nuestra descendencia, por lo cual las personas que están desarrollando actividades depredadoras del medio ambiente o del bienestar de las otras deben ser neutralizadas ofreciéndoles oportunidades para que puedan cambiar a una forma aceptable. Para lograrlo es necesario que las comunidades continúen definiendo la forma de vida de sus preferencias para que luego negociemos con los que detentan el poder como lograr una convivencia en Paz entre diferentes.
Por lo anterior propongo un alto al fuego simultaneo de la Insurgencia, los Paramilitares y las Fuerzas armadas oficiales, para que el pueblo y las minorías dominantes puedan lograr organizarse, prepararse y negociar un Acuerdo de Paz Justa que desate las fuerzas productivas de nuestro País, así, cada comunidad e individuo puedan prosperar en la realización de sus anhelos y contribuir significativamente con el resto de la humanidad que no haya sido tan afortunada como nosotros en disponer de recursos naturales.
Les sugiero leer la carta que al respecto dirigí a los actores del conflicto interno, especialmente a las Víctimas: http://bit.ly/q09QEQ
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